La llegada de Joseph Biden y su administración a la Casa Blanca en Washington ha despertado en el Triángulo Norte expectativa por la posible creación de una comisión regional que apoye a las fiscalías locales a investigar casos de corrupción de gran calado. Pero echarla a andar no parece tan sencillo.
En el plan de gobierno que presentó cuando era candidato, Biden propuso impulsar la creación de una comisión regional anticorrupción similar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), cuyos objetivos serían “combatir la corrupción, construir instituciones nacionales más sólidas y ayudar a los fiscales locales a perseguir la corrupción”.
Múltiples fuentes consultadas por InSight Crime en Washington, DC y en la región consideran, sin embargo, que un mecanismo similar a CICIG es complicado de crear, y creen que la administración Biden recurrirá, antes, a otras herramientas, como apoyar la reestructuración de la cooperación con las fiscalías generales, presionar a los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador con retirar visas a funcionarios corruptos en ejercicio y ayudar en la investigación de casos complejos a través de agencias como el FBI, el departamento de Administración de Control de Drogas, o DEA (en inglés) o la Oficina Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley del Departamento de Estado (INL en inglés).
“Sí hay una discusión sobre una iniciativa a nivel regional, pero en el corto plazo se requerirán acciones claras y contundentes que apunten a indicar que la lucha contra la corrupción será central para esta administración”, dice Adriana Beltrán, directora del programa de seguridad ciudadana de la Oficina de Washington para América Latina (WOLAen inglés).
Un asesor del Pentágono y un asistente legislativo que han participado de discusiones sobre los planes de Biden en Centroamérica -y quienes hablaron desde el anonimato por no estar autorizados a hacerlo en público- aseguraron que uno de los caminos más previsibles es que las agencias estadounidenses como INL asesoren directamente a fiscalías especializadas e, incluso, que el Departamento de Estado las provea de más fondos de cooperación.
Ese tipo de cooperación, de hecho, ya inició en Guatemala.
La punta de lanza en eso, según una de las fuentes consultadas, ha sido la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público de Guatemala, la cual colaboró estrechamente con CICIG y ha recibido múltiples muestras de apoyo del embajador estadounidense en ese país.
FECI, además, ha sentido un amplio apoyo político en las últimas semanas, sobre todo en torno al caso de Mynor Moto, un juez al que el bloque oficialista en el Congreso juramentó como miembro de la Corte de Constitucionalidad del país a pesar de que sobre él pesa una investigación por obstrucción de justicia y de que hay una orden de captura en su contra, según dijo un funcionario adscrito a la fiscalía especial. Estados Unidos ya contempla la posibilidad de más cooperación económica para FECI, de acuerdo con fuentes consultadas en Washington y Ciduad de Guatemala.
Ya el apoyo directo de INL y otras agencias estadounideses ha servido a fiscalías centroamericanas a adelantar investigaciones complejas como el mapeo de la estructura del liderazgo de la MS13 en El Salvador o investigaciones a funcionarios del gobierno de Nayib Bukele señalados por actos de corrupción durante la pandemia, según confirmó a InSight Crime un funcionario salvadoreño.
Juan González, quien asesora a Biden en temas latinoamericanos desde el Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca (NSC en inglés), dijo en una entrevista con El Faro que el apoyo a las fiscalías será uno de los primeros caminos a recorrer en las relaciones bilaterales.
“Buscaremos darles apoyo desde el Departamento de Justicia y con otros gobiernos, y formar una fuerza de tarea, una comisión, para trabajar conjuntamente con ellos, para investigar casos, para comenzar procesos y usar las herramientas que tiene Estados Unidos para ir tras grupos transcriminales”, dijo González.
Stephen McFarland, embajador de Estados Unidos y Washington en Guatemala durante los primeros años de CICIG en el país, cree que el apoyo a fiscales locales es una vía. “Estados Unidos podría, por ejemplo, apoyar y participar en un mecanismo regional que junte a fiscales de Guatemala, El Salvador y Honduras… Algo más amplio como CICIG requeriría un apoyo considerable de los tres países que no parece posible por el momento”.
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Análisis de InSight Crime
La salida de Donald Trump de la Casa Blanca parece haber trastocado la ecuación de Washington en el Triángulo Norte de Centroamérica: desde la llegada de Biden, presidentes de la región empiezan a escuchar más noticias sobre el cambio de una relación tolerante a cambio de concesiones migratorias a otra que les pide rendir más cuentas y que puede incluir mecanismos de control a través de la investigación criminal u otras herramientas.
Juan Orlando Hernández, de Honduras, a cuyo gobierno la administración Trump no dudo en calificar de socio estratégico en el combate al narcotráfico, ha visto estrecharse el cerco de la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que según documentos publicados el viernes 5 de febrero, investiga formalmente al mandatario por su posible rol en una conspiración para introducir cocaína a Estados Unidos.
A Nayib Bukele, de El Salvador, ningún funcionario de Biden quiso recibirlo en un viaje que hizo al Distrito de Columbia la segunda semana de febrero, según un reporte de AP.
Bukele, a quien el embajador de Trump apoyó en público y en privado incluso cuando el presidente entró con soldados al Congreso el 9 de febrero de 2020 o cuando se reveló que su gobierno negociaba bajas de homicidios con la MS13, enfrenta ahora un camino cuesta arriba en Washington, según dijo un funcionario citado por AP al informar sobre la reciente visita del salvadoreño a la capital estadounidense.
Para el caso de Guatemala, tanto funcionarios en Washington como el embajador estadounidense William Popp no han dudado en apoyar a FECI y a la Corte de Constitucionalidad cuando estas han sufrido ataques de funcionarios cercanos a la administración del presidente Alejandro Giammmattei.
Biden, además, terminó con los llamados acuerdos migratorios de tercer país seguro, la herramienta diplomática que Trump utilizó para intentar frenar el flujo de centroamericanos a la frontera con Estados Unidos y que puso a los mandatarios centroamericanos en buena lid con esa administración.
Dos de las fuentes consultadas en Washington, el asistente legislativo y un funcionario que trabajará en temas latinoamericanos en el Departamento de Estado, adelantaron que otra forma de combate a la impunidad en los estados nacionales será el retiro de visados a funcionarios que sean listados en la llamada Lista Engel, creada el año pasado y que manda al Ejecutivo a publicar un listado de funcionarios sospechosos de corrupción y retirarles los visados para entrar a Estados Unidos.
“La lista Engel es un mandato firme que es bienvenida por esta administración”, dijo a InSight Crime un asistente legislativo que se ha reunido con funcionarios del Departamento de Estado y NSC para empezar a confeccionar la lista de centroamericanos que, por mandato de ley, el Congreso en Washington debe recibir a mediados de junio. “El proceso apenas inicia, pero ya hay en la mesa nombres de diputados y ministros de estos países”, dijo.
En El caso de El Salvador, la exembajadora estadounidense en ese país, Mari Carmen Aponte, quien ha asesorado a Biden en temas centroamericanos, adelantó que la Lista Engel incluirá a funcionarios corruptos salvadoreños y podría generar “tensiones” entre la Casa Blanca y el gobierno Bukele.
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By Hector Silva Avalos, Februaty 15, 2021, published on InSight Crime
