El estado de Qatar está orquestando una conspiración criminal para pervertir la justicia británica a través del soborno, la intimidación de testigos y la colocación de dispositivos de rastreo ilegales, dijo ayer un tribunal.
Se afirmó en el Tribunal Superior que tales medidas se ordenaron en un intento de proteger al emir de Qatar de ser responsabilizado por la financiación del terrorismo durante la guerra civil siria.
Al parecer, dos hombres armados y enmascarados llegaron por la noche a la casa de un testigo clave. Se han hecho ofertas de “riqueza incalculable” para persuadir a las personas de que revelen las identidades de los reclamantes protegidos, se le dijo al tribunal.
Un dispositivo de vigilancia ilegal, al parecer colocado en un vehículo propiedad de un testigo, ha sido interceptado por la policía de otro país.
El comando antiterrorista de Scotland Yard ha sido informado y está decidiendo si iniciar una investigación criminal.
El Times reveló el año pasado que ocho refugiados sirios habían entablado una acción ante el Tribunal Superior en busca de daños y perjuicios por tortura y actos de terrorismo que supuestamente sufrieron a manos de un afiliado de al-Qaeda, el Frente Nusra.
Afirman que dos hermanos qataríes adinerados, Moutaz y Ramez al-Khayyat, utilizaron sus cuentas en el Banco de Doha para canalizar cuantiosos fondos al Frente durante la guerra civil. El banco niega las acusaciones.
La próxima semana debía celebrarse una audiencia de jurisdicción para determinar si el caso debería ser juzgado en Gran Bretaña o, como ha solicitado el banco, en Qatar. A los abogados de los demandantes se les concedió ayer un aplazamiento hasta febrero para que se presentaran más pruebas de los supuestos intentos de Qatar de “descarrilar el procedimiento”.
Ben Emmerson, QC, dijo al tribunal que “la administración de justicia pública en este país está amenazada por el acto hostil de una nación extranjera”. Fue “una de las conspiraciones más graves para pervertir el curso de la justicia que es posible imaginar”, una conspiración “que continúa mientras hablamos”.
“La evidencia sugiere que el estado de Qatar está involucrado en una campaña sostenida, enviando a varias personas a múltiples lugares durante un largo período de tiempo, cuyo objetivo es pervertir el curso de la justicia pública en estos procedimientos, intimidar a los testigos y persuadir los demandantes abandonen su reclamo ”, dijo.
Se le dijo al tribunal que cuatro de los ocho demandantes originales, todos a los que se les concedió el anonimato, se habían retirado del caso, citando preocupaciones sobre su seguridad, pero que otros 330 demandantes, muchos de ellos con sede en el Reino Unido, están tratando de unirse a la acción.
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Por Andrew Norfolk, 12 de noviembre de 202, publicado en The Times
